Flujos financieros ilícitos y la movilización de recursos domésticos

• La Convención de las Naciones Unidas sobre Tributación debe diseñarse con vistas a garantizar una división justa de los derechos fiscales entre los Estados nacionales y reducir los flujos financieros ilícitos, en particular poniendo fin a todas las formas de abuso tributario por parte de las empresas multinacionales y las élites adineradas, así como movilizando financiamiento para que los gobiernos cumplan los objetivos, obligaciones y compromisos internacionales, incluyendo los relativas a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la igualdad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Garantizar que los sistemas tributarios sean progresivos y sirvan para reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos.
• Crear impuestos a la riqueza para aumentar el financiamiento de los servicios públicos, la justicia climática y una transición energética justa, así como para reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, y ayudar a frenar la continua acumulación de riqueza, beneficios y poder en manos de una minoría de élite a expensas de la mayoría.
• Eliminar los incentivos tributarios y los subsidios que benefician a las personas y empresas ricas y exacerban las desigualdades
• Gravar las superganancias de las empresas y los individuos que se benefician de tiempos de crisis mediante la institución de impuestos a las ganancias extraordinarias.
• Garantizar que las políticas fiscales y tributarias reconozcan, recompensen, reduzcan, redistribuyan y reconozcan el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en particular mediante la puesta en marcha de políticas sobre el trabajo de cuidados.
• Reducir las cargas tributarias injustas que pesan sobre las mujeres y adoptar una tributación progresiva, redistributiva y con igualdad de género, incluidas nuevas formas de tributación del capital y la riqueza, combinada con una menor dependencia de los impuestos al, incluido el impuesto al valor agregado.
• Eliminar los prejuicios y la discriminación de género en las políticas tributarias para garantizar que los ingresos tributarios se recauden y gasten de manera que promuevan la igualdad de género
• Garantizar un financiamiento adecuado de los servicios públicos transformadores y con perspectiva de género que proporcionen acceso y cobertura universales, que sean financiados, prestados, gestionados y gobernados con fondos públicos de manera transparente, participativa y responsable, y que sean prestados por trabajadores del sector público que disfruten de un trabajo digno
• Garantizar un espacio financiero, de políticas y fiscal adecuado para promover los derechos de las mujeres y reducir las desigualdades, incluso mediante la introducción de presupuestos con perspectiva de género y la aplicación de principios tributarios feministas.
• Introducir una tributación verde progresiva, en particular para garantizar una transición energética justa.

• Reducir los incentivos tributarios otorgados a las industrias extractivas
• Hacer que las empresas extractivas paguen su cuota parte de los impuestos y los costos inmediatos de rehabilitación y reconstrucción
• Utilizar los impuestos para las necesidades de las personas, especialmente para las necesidades de las comunidades afectadas por los daños sociales y ambientales
• Proteger y defender los derechos de los trabajadores y las mujeres afectados por la minería, incluidos sus derechos a defender sus comunidades.

Multinational corporations have long taken advantage of tax havens in the Global North that rob developing countries of their resources and the fruits of their citizens’ labour. If these companies contributed fairly toward the public coffers in the places where they carry out their economic activities, host governments would not have to look elsewhere for revenue and could reduce regressive taxes that deepen inequality.

Underfunded public services can have devastating impacts on the poorest and marginalised, and hamper their efforts to improve their economic situation. Profit-driven private service provision leaves many behind. Governments must reclaim public control of essential social services, generate more public revenues and increase allocation of funds for public services.