Perú

La implementación de reglas fiscales estrictas en Perú ha sido clave para reducir la carga de la deuda sobre la economía perúana en los últimos años, pero sin integrar un enfoque de derechos humanos. Las reglas fiscales tradicionales sobre el déficit y el gasto público se introdujeron a finales de la década de 1990 y siguen vigentes. La norma del déficit de 1999 establecía un tope anual del 1% del PIB, mientras que la norma del gasto limitaba su crecimiento al 2% en términos reales. Inicialmente, eran solo las instituciones del gobierno central las que seguían tales reglas. Sin embargo, cuatro años más tarde se extendieron también a los gobiernos locales a través de un conjunto de regulaciones sobre el stock de deuda y los reembolsos. En 2016 se introdujo por primera vez una norma fiscal sobre el saldo de la deuda externa del gobierno central, que no puede superar el 30% del PIB.

Estas reglas fiscales se suspendieron temporalmente durante 2020-2021 mientras el gobierno intentaba hacer frente a los impactos de la pandemia de Covid-19. Esta flexibilidad inusual para cumplir con los requisitos de prudencia fiscal permitió al gobierno diseñar e implementar un enorme paquete económico para superar las olas de contagios y muertes por Covid y, al mismo tiempo, asignar recursos para reactivar la economía. En poco tiempo, las agencias de calificación crediticia cuestionaron la postura financiera de Perú y anunciaron una rebaja en su calificación crediticia para septiembre de 2021. Los funcionarios peruanos reaccionaron anunciando una nueva senda de consolidación fiscal, alineada con las recomendaciones del FMI, con el objetivo de alcanzar los umbrales límite de deuda y déficit fiscal para 2026. Este cambio en la política fiscal provocó una estabilización de las calificaciones crediticias. En conclusión, las políticas fiscales peruanas están bajo un fuerte escrutinio por parte de las agencias de calificación crediticia, lo que podría estar obstaculizando la priorización de los recursos públicos para cerrar la brecha en los servicios sociales para sus ciudadanos.

Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Latinoamericana por Justicia Económica y social (LATINDADD), han afirmado durante años que la deuda solo debe considerarse sostenible cuando los reembolsos no comprometen la capacidad del deudor para cumplir con el gasto prioritario en desarrollo humano o un nivel aceptable de obligaciones en materia de derechos humanos. Las políticas fiscales deben armonizarse, no colisionar con el cumplimiento de los objetivos sociales. Las agencias de calificación crediticia están muy bien posicionadas sobre los funcionarios públicos estratégicos para descalificar rápidamente las propuestas de política social sobre las propuestas de política de consolidación fiscal.

En el año fiscal 2021 los ingresos tributarios de Perú alcanzaron el 17,9% del PIB. Se trata de un aumento en comparación con 2020, pero aún muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, que alcanzaron un promedio de 21,7% en 2021. En los últimos 20 años la recaudación tributaria de Perú ha sido inferior al promedio regional de la relación impuestos/PIB y, mientras que ese promedio ha aumentado en 4,6 puntos porcentuales desde el año 2000, en Perú solo ha aumentado 2,7 puntos porcentuales.

Entre las principales razones de los bajos niveles de recaudación tributaria en Perú están los problemas estructurales relacionados con el alto nivel de informalidad en la economía. Otro factor importante es el uso generalizado de los beneficios tributarios en muchos sectores diferentes y bajo distintas modalidades, como exenciones, deducciones, reducciones de tasas y reembolsos. En 2023 el Ministerio de Finanzas estimó que el gasto tributario anual corresponde a alrededor del 2% del PIB.

En el informe State of Tax Justice 2023, Tax Justice Network ha estimado que el abuso tributario transfronterizo le está costando a Perú un total de USD 835,5 millones al año, lo que corresponde a más del 10% del gasto del país en salud. De esta pérdida, se estima que USD 712,7 millones provienen del abuso tributario de las empresas y los USD 122,8 millones restantes de la riqueza extraterritorial.

En noviembre de 2023, cuando el Grupo Africano presentó una resolución a favor de la negociación de una Convención Marco sobre Tributación de las Naciones Unidas, Perú se abstuvo. Sin embargo, en marzo de 2024 Perú hizo una presentación al nuevo comité ad hoc de la ONU que se ha establecido para negociar los Términos de Referencia para la nueva Convención Marco sobre Tributación de las Naciones Unidas. En la comunicación se destacaba lo siguiente: “Perú considera de suma importancia el trabajo iniciado en las Naciones Unidas para lograr un sistema de cooperación tributaria internacional más inclusivo y efectivo y esperamos que, luego de las discusiones, podamos adoptar un tratado y protocolos multilaterales que contribuyan a la obtención de recursos adicionales para financiar el desarrollo sostenible de nuestros países, los cuales son necesarios para implementar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”.