Grenada

Granada ha sufrido dos graves crisis de deuda en los dos últimos decenios. El primer impago de la deuda fue provocado por el impacto del huracán Iván en 2004. La tormenta destruyó el 90% de las viviendas disponibles y causó daños estimados en el 148% del PIB, lo que desencadenó un impago de la deuda soberana y una reestructuración de la deuda entre 2004 y 2006138. Un segundo impago tuvo lugar en 2013, después de años de crecimiento moderado, pero también debido al insuficiente alivio de la deuda tras la crisis anterior.

En paralelo a la reestructuración de la deuda en 2015, tras el impago de dos años antes, el país acordó implementar un programa de ajuste a largo plazo del FMI, que logró reducir los ratios de deuda sobre PIB gracias a una ambiciosa consolidación fiscal. Si bien redujo la relación deuda/PIB del 105% en 2013 al 58,5% en 2019, el país también redujo su gasto público del 27,62% del PIB en 2013 al 21,64% en 2019.

La pandemia de Covid-19 golpeó al país, en particular debido a su dependencia del turismo, y la deuda aumentó en 2020 al 71,4% del PIB. En términos absolutos, la deuda pública externa ha aumentado un 15% entre 2019 y 2022. Granada solicitó la suspensión temporal de los pagos de la deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) pero, como solo participaban acreedores bilaterales y la mayor parte de la deuda de Granada era con instituciones multilaterales, los pagos de la deuda temporalmente aplazados ascendieron apenas a USD 1,4 millones, el 0,1% del PIB de Granada. A medida que Granada se ha reabierto al turismo internacional, la deuda en relación con el PIB está disminuyendo de nuevo, no porque la deuda se esté reduciendo, sino debido al crecimiento económico (es decir, a un aumento del PIB). El FMI considera que la deuda pública externa de Granada es sostenible. Sin embargo, dado que Granada tiene “atrasos pendientes de unos USD 37,6 millones con acreedores bilaterales oficiales, entre ellos Trinidad y Tobago y Argelia”, el país está clasificado como en situación de sobreendeudamiento

Los pagos de la deuda aumentaron sustancialmente en 2023, probablemente debido al reembolso del servicio de la deuda diferida dentro de ISSD. Aunque la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos disminuyó entre 2021 y 2023, se mantiene por encima del 30%, cifra bastante superior a las ratios que el FMI y el Banco Mundial consideran sostenibles.

En el año fiscal 2021, los ingresos tributarios de Granada ascendieron al 21% del PIB, lo que representó una ligera disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con 2020.

En la década de 1980 Granada atravesó una época turbulenta que tuvo claros impactos en el sistema tributario. En lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha descrito como un “experimento fiscal radical”, Granada introdujo un impuesto al valor agregado del 20% en 1986, como parte de una reforma fiscal más amplia que incluía la abolición del impuesto a la renta de las personas físicas y del impuesto a las empresas (este último fue sustituido por un gravamen a las empresas). En los años previos a la reforma Granada había experimentado por primera vez una intervención militar de Estados Unidos en 1983 y, posteriormente, recibió propuestas de reforma fiscal del FMI y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). La reforma fiscal de Granada de 1986 tuvo fuertes efectos negativos, incluso en el ingreso público y, tras una serie de medidas ad hoc, se reintrodujeron posteriormente los impuestos a las empresas y el impuesto al valor agregado fue desmantelado gradualmente150, el que fue finalmente abolido en 1995.

Sin embrago, desde entonces Granada ha reintroducido el impuesto al valor agregado. En una “Carta de intención” enviada por el gobierno de Granada al FMI en 2006, el gobierno declaró: “Introduciremos un impuesto al valor agregado (IVA) el 1 de enero de 2008”. En la misma carta, el Gobierno añadió además que “siempre que la situación de los ingresos lo permita, anunciaremos un calendario firme para bajar el impuesto a las empresas de forma gradual para promover una mayor inversión privada”. Menos de un mes después del envío de la carta, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de tres años para Granada en el marco del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI, por un monto equivalente a más de USD 15,2 millones, a fin de respaldar el programa de reforma económica a mediano plazo del Gobierno de Granada.

En el informe State of Tax Justice 2023, Tax Justice Network ha estimado que el abuso tributario transfronterizo le está costando a Granada un total de USD 3,2 millones al año, lo que corresponde a más del 15% del gasto del país en salud. De esta pérdida, se estima que USD 600.000 provienen del abuso tributario de las empresas y los USD 2,6 millones restantes de la riqueza extraterritorial.