Este informe ofrece una reseña de las dinámicas y las implicaciones de la crisis de la deuda soberana de 2020. La priorización de los derechos de los acreedores sobre el sustento de la población de los países en desarrollo es un bien conocido callejón sin salida. En su lugar, la comunidad internacional debe reconocer que la salud y el bienestar de millones de personas en el mundo en desarrollo es una condición previa para la sostenibilidad de la deuda.
La resiliencia de los países en desarrollo luego del impacto de la Covid-19 es engañosa. Este es el resultado de una combinación de factores cíclicos en forma de ajustes sectoriales y respuestas de política monetaria desencadenadas por la pandemia. Promover un rápido regreso de los países a los mercados financieros internacionales sin abordar las vulnerabilidades de la deuda exacerbadas por la crisis empeorará la fragilidad financiera externa de los países en desarrollo. A su vez, exigirá una creciente transferencia de recursos de los deudores públicos a sus acreedores externos durante la próxima década. Ese será el punto muerto de los compromisos en el marco de la Agenda 2030, el Acuerdo climático de París y la Declaración de Beijing.