Frente a esta realidad, que afecta día a día el bienestar y los derechos de las personas, las instituciones financieras internacionales observan los problemas estructurales de deuda soberana que enfrentan muchos países como si se tratara de un mero problema de liquidez, ya que no se ha producido la serie de incumplimientos que algunos pronosticaron tras la pandemia de Covid-19. La realidad es que los países del Sur Global están haciendo lo que sea necesario para seguir pagando sus deudas, incluso si es mediante la implementación de medidas de austeridad draconianas, en muchos casos siguiendo las condiciones y el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, los pagos del servicio de la deuda están ahogando el gasto público vital. El servicio de la deuda interna y externa equivale al gasto total combinado en educación, salud, protección social y clima en los países de ingreso bajo y medio, y lo supera en un 50% en África. Es 2,5 veces el gasto en educación, 4 veces el gasto en salud y 11 veces el gasto en protección social.
Mientras disminuyen los préstamos bilaterales y privados, los bancos multilaterales de desarrollo y el FMI están aumentando sus préstamos. Al no haber ningún otro instrumento sobre la mesa, es probable que los préstamos multilaterales se utilicen para reembolsar a los acreedores privados, así como a los acreedores bilaterales como China. Como ya sucedió en el pasado, posiblemente en los próximos años aumenten los países que enfrentan problemas para pagar las deudas multilaterales. Esto es problemático dado que ni el FMI, ni el Banco Mundial ni otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) participan en las reestructuraciones de la deuda. Además, a medida que los países recurran cada vez más al FMI y a los bancos multilaterales de desarrollo en busca de apoyo financiero, tendrán que aceptar las condicionalidades impuestas por estas instituciones, que siguen centradas en la consolidación fiscal (incluidos los recortes del gasto público y la fiscalidad regresiva, entre otras medidas) y las soluciones de mercado (incluida la promoción de las asociaciones público-privadas y la desregulación), lo que limita aún más la inversión pública para avanzar en los ODS, abordar las desigualdades de género o tomar medidas en materia de clima.