Marruecos

La deuda pública de Marruecos representa el 71,4% del PIB del país, emitida de acuerdo con la legislación nacional (según los últimos informes del FMI, tres cuartas partes de la deuda de Marruecos es interna). La deuda externa, aunque representa una pequeña porción de la deuda pública total, ha venido creciendo desde 2005, con un fuerte aumento en 2020 debido a los impactos de la pandemia de Covid-19. La mayor parte de la deuda extern a de Marruecos es con las instituciones multilaterales, seguidas por los tenedores de bonos internacionales. Según el FMI, la deuda de Marruecos es sostenible, en particular debido al “proceso gradual de consolidación fiscal” adoptado tras el aumento de la deuda en 2020. Parte de esta consolidación fiscal se ha logrado mediante la eliminación de subsidios, en particular al petróleo y otros subsidios a la energía. El gasto público ha caído, del 34,14% del PIB en 2020 al 32,71% en 2023, y el FMI proyecta una nueva contracción de hasta el 30% en 2026.

La dependencia de las importaciones de energía, en particular de petróleo y gas, y las fluctuaciones de los precios de la energía son los principales factores de las necesidades de financiación de Marruecos y, por lo tanto, del endeudamiento. De hecho, esto también se debe al proceso de privatización de la mayoría de las empresas públicas rentables de Marruecos y a los procesos de liberalización, incluido el sector energético, en la década de 1980, tras una crisis de la deuda. Con la privatización de la industria de refinamiento de petróleo, aumentó mucho la dependencia del país de fuentes de energía externas.

Como resultado de la eliminación progresiva de todos los subsidios a la energía, Marruecos tiene previsto ampliar las transferencias monetarias mediante una reforma de la protección social, accesible a todos los ciudadanos. Esta medida, junto con los aumentos salariales de los funcionarios públicos, requerirá recursos adicionales, en un contexto de consolidación fiscal prescrito por el FMI. Además, la elevada vulnerabilidad de Marruecos al cambio climático, en particular a las sequías intensas y continuas, también plantea un riesgo de aumento de la deuda pública. De hecho, según el FMI, en 2023 los impactos del tercer año consecutivo de sequía, junto con los costos de reconstrucción tras el terremoto que azotó la región del Atlas en septiembre de 2023, afectaron el ritmo al que se esperaba que cayera la deuda pública. La escasez de agua afecta especialmente a la producción agrícola, lo que perjudica las exportaciones de alimentos y aumenta la dependencia de las importaciones de alimentos. Esto, a su vez, afecta la inflación al contribuir al aumento de los precios de los alimentos. Como consecuencia, se produce un daño desproporcionado a los hogares vulnerables de las zonas rurales y a las mujeres.

Frente a la dependencia energética y la alta vulnerabilidad al cambio climático, Marruecos está aumentando la inversión en la transición energética, principalmente a través de asociaciones público-privadas y préstamos multilaterales. Tal estrategia se suma a la deuda pública del país.

En el año fiscal 2021, los ingresos fiscales de Marruecos alcanzaron el 27,1% del PIB, uno de los niveles más altos de África.

Marruecos está considerando actualmente la posibilidad de introducir un impuesto al carbono. Una de las principales razones para ello es un marco político de la UE conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (MAFC). Este mecanismo, que impondrá gravámenes a una serie de productos importados por la UE sobre la base de un cálculo de sus emisiones de carbono implícitas, es políticamente controvertido y suscita preocupación por la discriminación comercial, así como por la violación de algunos de los principios fundamentales de los acuerdos mundiales sobre el clima, incluido el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Se espera que el MAFC tenga importantes consecuencias para Marruecos.

En el informe State of Tax Justice 2023, Tax Justice Network ha estimado que el abuso tributario transfronterizo está costando a Marruecos un total de USD 983 millones al año, lo que corresponde a más de un tercio del gasto del país en salud. De esta pérdida, se estima que USD 920 millones provienen del abuso tributario de las empresas y los USD 63 millones restantes de la riqueza extraterritorial.

Marruecos es miembro del Grupo Africano, que presentó las resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la creación de un proceso fiscal intergubernamental de las Naciones Unidas y la negociación de una Convención Marco sobre Tributación de las Naciones Unidas. Cuando se creó un nuevo comité ad hoc en las Naciones Unidas para elaborar un borrador de los términos de referencia para el nuevo Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional de la ONU, Marruecos pasó a ser miembro de la Mesa del proceso. En marzo de 2024 Marruecos también presentó una comunicación al proceso en la que, entre otras cosas, se destacaba: “El Convenio Marco debe estar diseñado para permitir que todos los países participen efectivamente en el desarrollo de reglas y estándares para la cooperación internacional en materia de tributación y debe tener en cuenta las diferentes necesidades, prioridades y capacidades de los Estados miembros”.