Zambia está registrado por la ONU como uno de los países menos adelantados del mundo. Una reciente evaluación de la pobreza en el país reveló que el nivel de pobreza extrema era de alrededor del 48% en 2022, en comparación con 41% en 2015.
Para concocer más, consulte el informe resumido
El perfil de la deuda del país se ha ido deteriorando como resultado de problemas anteriores a la pandemia de Covid-19. Zambia había emitido eurobonos soberanos en los mercados internacionales en 2012, 2014 y 2015, en particular con el argumento de promover grandes proyectos de infraestructura. A lo largo de ese período, el FMI consideró que Zambia corría un bajo riesgo de sobreendeudamiento. “Esto, junto con una combinación de expectativas optimistas con respecto a la capacidad de pago, el sólido desempeño económico, los altos precios de las materias primas, los pronósticos optimistas de crecimiento y las bajas tasas de interés, proporcionó al país una sólida posición en los mercados financieros internacionales”. Sin embargo, a finales de 2016 el FMI señaló que había riesgos de sobreendeudamiento en Zambia, al tiempo que aumentaba la preocupación de que la deuda fuera superior a la que indicaba la información. Eso llevó a que las calificaciones de mercado de los bonos de Zambia cayeran rápidamente. “Esto se vio exacerbado por los efectos negativos del cambio climático, que provocaron sequías y escasez de energía, lo que afectó los esfuerzos de crecimiento y recuperación de Zambia”.
Durante los cinco años anteriores a la pandemia de Covid-19, el gasto público en salud promedió el 9,1% del presupuesto público. Entretanto, durante el mismo período, el servicio de la deuda representó por sí solo el 70,3% del ingreso público.
Cuando estalló la pandemia de Covid-19, la situación se volvió totalmente insostenible y Zambia no pudo hacer frente a los reembolsos de intereses de USD 42,5 millones de su eurobono en noviembre de 2020, lo que lo convirtió en el primer país africano soberana en incumplir el pago de la deuda durante la era de Covid-19. Paralelamente al impago de Zambia, el G20 puso en marcha el Marco Común y Zambia fue el primer país en solicitar la reestructuración de la deuda en el marco de este nuevo mecanismo. Empañado por la falta de transparencia y rendición de cuentas, Zambia tuvo que pasar por un largo proceso para obtener las garantías de los acreedores oficiales, incluida China, de aceptar una reestructuración de la deuda, un paso necesario para asegurar el apoyo del FMI. Un apoyo que vino acompañado de condiciones en forma de una fuerte consolidación fiscal (con el fin de reducir el déficit fiscal del 6% del PIB en 2021 a un superávit del 3,2% del PIB en 2025) y otras medidas de austeridad, incluida la eliminación de los subsidios a los combustibles, el aumento de las tarifas energéticas y la reforma del Programa de Apoyo a los Insumos Agrícolas (FISP, por su sigla en inglés). El programa del FMI también tenía como objetivo aumentar los ingresos tributarios mediante la ampliación de la base del IVA, en una medida muy regresiva.
Zambia también había obtenido la suspensión de los pagos de la deuda bilateral por valor de USD 168,4 millones en 2020 en el marco de la ISSD. Esta cifra equivalía a solo el 0,6% del PIB y al 1,2% del saldo total de la deuda externa de Zambia en ese momento. Esto se debe a que los acreedores privados y multilaterales, los principales acreedores de Zambia, no participaron en la iniciativa.
Desde noviembre de 2020, Zambia se encuentra en situación de impago de su deuda de eurobonos y en un proceso de reestructuración de la deuda, en negociaciones tanto con el comité oficial de acreedores (incluidos los acreedores bilaterales, en particular China y los acreedores del Club de París) como con los tenedores de bonos. Durante este período, a fin de garantizar un trato equitativo a los acreedores bilaterales y privados, Zambia ha suspendido el servicio de la deuda con todos sus acreedores externos no multilaterales (con la excepción de unos pocos acreedores bilaterales o comerciales que financian proyectos prioritarios casi terminados). Desde que Zambia suspendió los pagos de su deuda bilateral y comercial, el país ha podido aumentar el gasto público en servicios sociales. Según Action Aid Zambia: “Se espera que el gasto público total por persona en sectores sociales aumente un 22% entre 2021 y 2023. Esto incluye la salud, la educación y la protección social”.
En marzo de 2024, casi tres años y medio después del impago, se anunció un acuerdo preliminar con acreedores bilaterales y tenedores de bonos, después de que un intento anterior fuera rechazado por los acreedores bilaterales por ser más generoso con los tenedores de bonos. El último acuerdo aún espera un mayor esfuerzo de los acreedores bilaterales que de los acreedores privados. El acuerdo ofrece ahorros a Zambia, pero con la salvedad de que, si en el futuro el FMI y el Banco Mundial evalúan un mayor crecimiento económico para el país, Zambia terminará pagando más en virtud de un acuerdo reforzado con los acreedores. Sin embargo, no existe un mecanismo automático para reducir los pagos de la deuda si se producen shocks negativos y Zambia obtiene peores resultados que los previstos.
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En el ejercicio fiscal 2021 los ingresos tributarios de Zambia ascendieron al 19,7% del PIB. La proporción ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, desde un nivel del 16,6% del PIB en 2017.
En 1995 se introdujo el IVA. En 2008 la tasa se redujo del 17,5% al 16% y, desde entonces, se ha mantenido en ese nivel. Un resumen elaborado por la Administración Tributaria de Zambia muestra que, en 2021, el impuesto al valor agregado (tanto el IVA nacional como el IVA de importación) generó ingresos a un nivel del 4,5% del PIB, es decir, el 22,8% de los ingresos fiscales totales. Por su parte, el impuesto a la ganancia de las empresas llevó los ingresos tributarios al 4,6% del PIB, es decir, el 23,4% del total. Sin embargo, cabe señalar que 2021 no fue un año típico. Durante el período 2018-2020 el impuesto a la ganancia de las empresas generó ingresos correspondientes, en promedio, al 2,5% del PIB, mientras que el IVA generó ingresos correspondientes, en promedio, al 5,4% del PIB. Tal como se ha mencionado anteriormente, también cabe destacar que la tasa del impuesto a las empresas se redujo del 35% al 30%, con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
En el informe State of Tax Justice 2023, Tax Justice Network ha estimado que el abuso tributario transfronterizo está costando a Zambia un total de USD 829,5 millones al año, lo que corresponde a más del 160% del gasto del país en salud. De esta pérdida, se estima que USD 789,9 millones provienen del abuso tributario de las empresas y los USD 39,6 millones restantes de la riqueza extraterritorial.
Es bien sabido que Zambia está muy expuesta a los flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, el informe de 2015 del Grupo de Alto Nivel sobre los Flujos Financieros Ilícitos de África, publicado por la Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, destacó los flujos ilícitos procedentes de la minería de cobre en Zambia como un área concreta de preocupación.
Zambia es miembro del Grupo Africano, que presentó las resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la creación de un proceso fiscal intergubernamental de las Naciones Unidas y la negociación de una Convención Marco sobre Tributación de las Naciones Unidas. En noviembre de 2023 el Grupo Africano organizó una conferencia de prensa en la ONU, en la que la Representante Permanente de Zambia ante las Naciones Unidas, la Dra. Chola Milambo, declaró sobre la propuesta del grupo: “Esta Convención Marco no es simplemente un documento político; es un faro de esperanza para los países en desarrollo que durante mucho tiempo han buscado una voz en la configuración de las normas tributarias internacionales. Al abordar las deficiencias críticas del sistema tributario actual, que a menudo deja de lado los desafíos y perspectivas únicos de los países en desarrollo, nuestra propuesta reconoce las contribuciones de organismos existentes como la OCDE y el Comité Tributario de las Naciones Unidas, al tiempo que reconoce sus limitaciones para representar plenamente los intereses de todos los países, en particular los del mundo en desarrollo”.
