Dos años después de una pandemia mundial, las medidas de austeridad han exacerbado profundamente las desigualdades. Las características dominantes de la austeridad, que incluyen servicios públicos inadecuados y fallidos en educación, salud, protección social; desigualdad de ingresos impulsada en parte por impuestos regresivos; y un papel esquelético del estado construido por esquemas de privatización. Todo esto ha
llevado a una erosión sistemática de la resiliencia de los sistemas públicos, así como de un contrato social que salvaguarda la redistribución de la riqueza, recursos y bienes públicos hacia la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos.
Este breve documento examinará la dinámica y las implicaciones de la austeridad de género en Ecuador en el contexto de su programa de préstamos del FMI a 27 meses por USD 6.500 millones, iniciado en el 2019 y redefinido al inicio de la pandemia en el 2020 (FMI 2021). El programa de consolidación fiscal adjunto al préstamo incluye una amplia gama de medidas. Por ejemplo: amplios recortes del gasto público centrados en el sector sanitario, medidas de desregulación laboral, eliminación de las subvenciones a los combustibles, restricciones a la capacidad del banco central para financiar problemas de liquidez en la crisis de la pandemia y privatización de empresas estatales y servicios públicos, entre muchos otros.