Dos años después de una pandemia mundial, las medidas de austeridad han exacerbado profundamente las desigualdades. Las características dominantes de la austeridad, que incluyen servicios públicos inadecuados y fallidos en educación, salud, protección social; desigualdad de ingresos impulsada en parte por impuestos regresivos; y un papel esquelético del estado construido por esquemas de privatización. Todo esto ha
llevado a una erosión sistemática de la resiliencia de los sistemas públicos, así como de un contrato social que salvaguarda la redistribución de la riqueza, recursos y bienes públicos hacia la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos.
Este breve documento examinará la dinámica y las implicaciones de la austeridad de género en Ecuador en el contexto de su programa de préstamos del FMI a 27 meses por USD 6.500 millones, iniciado en el 2019 y redefinido al inicio de la pandemia en el 2020 (FMI 2021). El programa de consolidación fiscal adjunto al préstamo incluye una amplia gama de medidas. Por ejemplo: amplios recortes del gasto público centrados en el sector sanitario, medidas de desregulación laboral, eliminación de las subvenciones a los combustibles, restricciones a la capacidad del banco central para financiar problemas de liquidez en la crisis de la pandemia y privatización de empresas estatales y servicios públicos, entre muchos otros.
En ese corto documental las Mujeres de Plan de Vida Fenashp en Ecuador, de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) y de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco ( UDAPT) narran la situación que viven como mujeres en sus comunidades en un contexto de austeridad fiscal como consecuencia del elevado pago del servicio de la deuda.
El documental es producido por Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
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Desde inicios de los 90, el mundo occidental y Latinoamérica vienen instaurando políticas que minimizan el rol del estado en la economía. Estas políticas son reglas fiscales que, a través de marcos legales rígidos, condicionan la actuación del Estado en la política económica. Ciertamente, en el largo plazo han sido exitosas para el manejo de la deuda desde su instauración. Sin embargo, no han sido la receta para una garantía amplía de derechos y un mejor desarrollo humano.
“Manejo de deuda en Perú: reglas fiscales, derechos y desarrollo humano”, es una nueva investigación de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd, realizada por el consultor Jameson Alejandro Mencías que busca abrir las puertas a un entendimiento distinto de la sostenibilidad macroeconómica, fiscal y de la deuda, manteniendo como eje central a la garantía de derechos de las personas.
En momentos de crisis, se hace urgente tomar medidas para que los Estados recuperen los recursos que son fugados por medio de los distintos canales que facilitan la existencia de los Flujos Financieros Ilícitos (FFI).
El presente estudio intenta dar una aproximación de los montos que se pierden mediante lo que constituye la principal fuente de FFI en Perú: la falsa facturación comercial, y cómo es afectada la capacidad del Estado de dar respuesta a la pandemia y de garantizar los derechos humanos.
Este documento fue elaborado por LATINDADD con la contribución de su organización miembro el Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES .
El objetivo de este documento es presentar recomendaciones basadas en los estudios realizados por nuestras organizaciones, sobre el contexto de la región, el análisis de los procesos de desarrollo y las recomendaciones al respecto.
Las auditorías de la deuda pueden ser una poderosa herramienta para apoyar la participación de la sociedad civil en la evaluación ciudadana de los impactos de la deuda, pero también para aumentar la participación de los ciudadanos en la gobernanza de las finanzas públicas. Estas pueden producir una mejora de la rendición de cuentas y la transparencia y permitir la identificación de deudas regionales, nacionales y municipales ilegítimas.
Este informe es una introducción general a las auditorías de la deuda, lo que pueden aportar y sus principales características, al tiempo que ofrece referencias a manuales y artículos sobre auditorías de la deuda. Su objetivo es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a los funcionarios públicos que estén pensando en promover una auditoría de la deuda, brindándoles algunas ideas iniciales sobre cómo iniciar este tipo de proceso.
Este informe cubre
- ¿Qué es una auditoría de la deuda?
- ¿Qué se puede esperar de una auditoría de la deuda?
- ¿Qué se analiza exactamente en el marco de una auditoría de la deuda
- ¿Cómo comenzamos y continuamos el proceso?
- ¿Hay dificultades que podemos esperar en el proceso de auditoría
- ¿Dónde se ha hecho esto antes?
- ¿Dónde podemos encontrar más información?
Este informe ofrece una reseña de las dinámicas y las implicaciones de la crisis de la deuda soberana de 2020. La priorización de los derechos de los acreedores sobre el sustento de la población de los países en desarrollo es un bien conocido callejón sin salida. En su lugar, la comunidad internacional debe reconocer que la salud y el bienestar de millones de personas en el mundo en desarrollo es una condición previa para la sostenibilidad de la deuda.
La resiliencia de los países en desarrollo luego del impacto de la Covid-19 es engañosa. Este es el resultado de una combinación de factores cíclicos en forma de ajustes sectoriales y respuestas de política monetaria desencadenadas por la pandemia. Promover un rápido regreso de los países a los mercados financieros internacionales sin abordar las vulnerabilidades de la deuda exacerbadas por la crisis empeorará la fragilidad financiera externa de los países en desarrollo. A su vez, exigirá una creciente transferencia de recursos de los deudores públicos a sus acreedores externos durante la próxima década. Ese será el punto muerto de los compromisos en el marco de la Agenda 2030, el Acuerdo climático de París y la Declaración de Beijing.